Por Laura Jaitman
Una forma amplia de entender el crimen es utilizando la teoría económica. El análisis económico del crimen se basa el trabajo de Gary Becker, ganador del Premio Nobel de Economía en 1992.
Becker suponía que los criminales son individuos que actúan racionalmente y buscan maximizar su bienestar. Todos tratamos de elegir las mejores opciones, los mejores trabajos dentro de nuestras posibilidades, para maximizar nuestro bienestar.
Lo que distingue a los potenciales criminales es que ellos están también dispuestos a realizar actividades ilegales para conseguir ese objetivo.
¿Que implica que sean racionales? En términos muy simples, implica que eligen la mejor opción que está a su alcance dadas sus restricciones, y que no se contradicen en sus decisiones (en otras circunstancias, con el mismo menú de opciones disponibles, volverían a elegir la que escogieron antes).
En este marco, los individuos cometen actos criminales si los beneficios de hacerlo superan los de las actividades legales. Es decir, si el beneficio económico de delinquir (o sea el auto o el celular robado) supera el costo esperado de cometer el delito, que está influenciado por la severidad y la certeza de la pena que afrontan. Los criminales comparan el beneficio neto de delinquir con el de realizar actividades legales, y eligen lo más rentable.
El problema en nuestra región es que el beneficio esperado de cometer crimines es más alto que el que derivan de otras actividades. Hay varias razones para esto.
Un factor importante que distingue a la región del resto del mundo en desarrollo es su alta tasa de urbanización. Se ubica en torno al 80% (superior a la tasa promedio de 50% de los países en desarrollo), y similar a la tasa de Europa o Corea. Este proceso de urbanización ocurrió muy rápido, con millones de personas desplazándose a la ciudad y sin una adecuada planificación. Como resultado, las ciudades enfrentan grandes desafíos en la provisión de servicios como infraestructura, educación, salud y una gran deficiencia en la seguridad ciudadana.
En el contexto del modelo, podemos pensar que zonas con deficiente y desigual cobertura de servicios básicos, concentran factores de riesgo que contribuye a las mayores tasas de crimen y violencia. La desigualdad de oportunidades, hace que la población en peor situación vea al crimen relativamente más rentable que las actividades legales a las que tendría acceso. El deterioro de los espacios urbanos, como la falta de iluminación o pavimento tiende a incrementar las probabilidades de delitos, ya que las zonas en malas condiciones, con infraestructura dañada, pueden ser un indicador de ausencia del estado y por ende, zonas de baja probabilidad de ser arrestados y condenados.
La teoría de la prevención situacional de la violencia, justamente se basa en esta premisa: mejorar los espacios urbanos contribuye a reducir el crimen.
Respecto de la policía, que es un actor clave para disuadir y reducir el crimen, en la región observamos gran heterogeneidad. En la actualidad varias ciudades están atravesando un proceso de modernización y equipamiento de sus policías. Por ejemplo el BID está financiando programas de mejora de la gestión y el uso de sistemas de información, y análisis criminal en Uruguay, Ecuador, Brasil y Paraguay, entre otros. O en Honduras el BID está cambiando la curricula de la policía para que sea más acorde al contexto actual.
Todas estas intervenciones, en términos de la economía del crimen, tienen como objetivo aumentar la efectividad de la policía, incrementar la pena esperada a través de la probabilidad de que los delincuentes sean aprehendidos, y que los crímenes sean esclarecidos, y así disuadir y reducir el crimen.
Finalmente, los indicadores del sistema de justicia penal en la región varían mucho entre países, pero en promedio se encuentran lejos de los estándares internacionales. Smit y Harrendorf proveen cifras para 2006 en distintas regiones. El porcentaje de detenidos por cada 100 delitos denunciados en Estados Unidos era de 70, y es menos de la mitad de eso en América Latina y el Caribe. El porcentaje de adultos procesados por cada 100 delitos denunciados en Europa (Occidental y Oriental) era de 30 y alrededor de 14 en América Latina y el Caribe. Finalmente, el porcentaje de condenados cada 100 delitos en Canadá fue 9 y en nuestra región, 4.
Cifras más actuales para la región siguen apuntando en la misma dirección. Por ejemplo, en México de cada 100 crímenes registrados solo 8 iniciaron una investigación policial preliminar en 2012 según datos del
INEGI o en Honduras solo el 21% de los crímenes reportados a la policía cuenta con un informe de investigación completo (
Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana BID, 2014).
Bajo el prisma de la economía del crimen, la muy baja probabilidad de castigo en América Latina y el Caribe es consistente con las elevadas tasas de crimen que se observan en la región en comparación con el mundo desarrollado en donde los potenciales criminales racionales son disuadidos, entre otras cosas, por una mayor probabilidad de aprehensión y de ser condenados.
La prevalencia de la impunidad, en este marco, incentiva la comisión de delitos.
Si bien este es solo uno de los enfoques posibles para entender las decisiones de los agentes, es lo suficientemente general como para interpretar otros enfoques.
Programas sociales que disminuyen el delito
En primer lugar, las políticas sociales de prevención de la violencia hacen las actividades legales más atractivas, aumentando los incentivos de elegirlas por sobre el crimen.
- Por ejemplo, los centros comunitarios que mejoran la educación, las capacidades y el comportamiento de los jóvenes aumentaría su retorno de trabajar, y por ende reducirían el crimen.
- Tratar ofensores de violencia doméstica, cambiaría sus preferencias en términos de cómo resuelven sus conflictos en el hogar, y al reducir el beneficio esperado de actuar violentamente, se reduciría el crimen.
Por su parte, mayores penas en cuanto a la certeza de ser aprehendido y condenado, o la severidad de las mismas podrían aumentar el costo esperado de delinquir, haciendo las actividades criminales menos atractivas:
- Estrategias policiales basadas en análisis criminal, como el patrullaje preferencial de puntos calientes del crimen (conocidos como hotspots), aumentaría la probabilidad de arresto, y reduciría el crimen.
- Tener policía comunitaria más cercana al ciudadano y con mayor presencia en el territorio, podría aumentar la condena esperada y reduciría el crimen.
- Mayor acceso a la justicia, aumentaría la tasa de esclarecimiento de los casos, aumentando el castigo esperado para los criminales, con lo cual, también se reduciría el crimen.
- Por último, el buen uso de la tecnología por parte de la policía y la justicia, como las cámaras de seguridad, que ayude a la resolución de los casos o a disuadir el crimen, aumenta el costo esperado de delinquir y reduciría el crimen. Respecto a las cámaras, la evidencia disponible sobre su efecto proviene en su mayoría de EEUU y el Reino Unido. Los estudios rigurosos muestran efectos moderados pero positivos, especialmente para ciertos tipos de delitos como el robo de autos y en general no hay desplazamiento a otras áreas. En la región no hay evaluaciones rigurosas de las cámaras.
La economía es a menudo descrita como el estudio de la asignación de los recursos escasos, y el crimen es uno de los muchos problemas sociales al cual destinamos nuestros limitados recursos.
La cuestión económica clave en relación a los costos de la reducción del crimen se centra en qué cantidad de recursos deben destinarse a combatir el crimen, y en cómo asignar esos recursos entre los diferentes operadores del sistema de justicia penal, como la policía, los tribunales y las cárceles, y en otras intervenciones de prevención social de la violencia.
Para ello, generar conocimiento de que funciona y que no funciona, y que es costo-efectivo, es clave y es una tarea pendiente en la región en la que el BID tiene un rol fundamental. Queremos que exista información detallada sobre el crimen y la violencia para que todos los actores – la policía, la justicia, incluso la sociedad civil – puedan enfocar mejor sus acciones de prevención. Y también buscamos que los programas sean rigurosamente evaluados, para saber qué funciona y qué no funciona, para así compartir las mejores prácticas en toda nuestra región.
Foto: Flickr CC Dan Moyle
Laura Jaitman es especialista en Seguridad Ciudadana del BID, desempeñándose en el área de conocimiento. Sus principales temas de investigación son economía del crimen, evaluación de políticas para prevenir y reducir el delito, y economía política. Antes de unirse al BID ha trabajado como consultora por una década para el Banco Mundial, el BID y J-PAL en temas de evaluación de impacto de políticas públicas en distintos países de América Latina. Jaitman es Doctora en Economía de University College London, Reino Unido; Master en Economía de la Universidad de San Andres, Argentina, y Licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
FUENTE: http://blogs.iadb.org/sinmiedos/2015/01/22/una-introduccion-la-teoria-economica-del-crimen/
